A este respecto, simplemente recordar que en cualquier Estado que se pretenda de Derecho, la calificación jurídica de los posibles delitos —incluida la okupación de un inmueble abandonado— corresponde no a la policía ni al consejero de Interior, sino a los jueces, quienes deberán decidir en función de determinadas circunstancias —entre ellas, el estado de abandono del inmueble— si dicha okupación puede calificarse como delictiva y requiere de un inmediato desalojo cautelar, o por el contrario los propietarios deben acudir a la vía civil —la del desahucio— para recuperar su propiedad, pues según la legislación y jurisprudencia actual no toda okupación de una vivienda sin permiso de los propietarios es delito.
Así, hay casos en los que el juez ordena el desalojo cautelar apenas unos días después de interpuesta la denuncia, hasta otros como el del gaztetxe de Santutxu Lakomi, desalojado voluntariamente por sus ocupantes —tras constatar que sus propietarios tenían intención real y efectiva de utilizarlo, y no simplemente de volver a dejarlo vacío durante décadas— el pasado día 2 de noviembre, 2 años y medio después de la denuncia y tras dos archivos provisionales por parte del juzgado de instrucción, que entendió que mientras no existiera un proyecto de utilización para el inmueble podría hablarse de okupación indebida, pero no de delito. O la reciente negativa del juzgado de instrucción nº 6 de Barcelona a ordenar el desalojo del edificio okupado por el movimiento 15-M en el barrio barcelonés de Nou Barris para realojar a familias víctimas de desahucios.
Por último, los diversos cuerpos policiales son plenamente conscientes de lo ilegal de estos desalojos sin orden judicial, y por ello han tratado de justificarlas con las más absurdas y peregrinas de las excusas.
Así, en el caso de Donosti la policía municipal —que al parecer actuó por iniciativa propia y sin conocimiento de los responsables del consistorio— afirmó que fueron los ocupantes quienes abrieron voluntariamente la puerta, pese a que los propios periodistas fueron testigos de cómo los 20 agentes echaron la puerta abajo por la fuerza.
En el edificio de la calle Larraskitu 27 de Rekalde, la ertzaintza afirma haber actuado amparada por la Ley de Seguridad Ciudadana debido a la existencia de un delito flagrante, cuando en realidad este tipo de actuaciones únicamente se permiten en cierto tipo de casos —sobre todo delitos de narcotráfico— y para evitar la posible destrucción o desaparición de las pruebas u objetos del delito, cosa imposible en un caso de usurpación de inmueble pues el “objeto” del delito no corre riesgo de desaparecer por esperar unas horas o días hasta la decisión judicial.
Y por último, en el caso de Erandio ni el ayuntamiento ni la policía municipal han ofrecido ningún tipo de explicación, y de hecho tampoco han vuelto a presentarse allí pese a que el gaztetxe fuera re-okupado por la gazte asanblada un día después del ilegal desalojo, y sigue abierto y en trámites de alcanzar un acuerdo con el propietario a pesar de su inicial denuncia contra esta okupación.
